Reclamar la «oficialidad internacional» de la Federación Vasca de Fútbol se ha aprobado esta tarde en la asamblea general ordinaria celebrada en Durango (Vizcaya) para abordar esta chaqueta barça cuestión. De hecho, su salario antes de dimitir estaba en 675.761 euros (371.669,03 netos), una cifra aprobada el 30 de mayo de 2022 por la asamblea general de la RFEF, donde también recibió la confirmación de que podía seguir recibiendo la ayuda para vivienda. En la denuncia se recuerda que, según el Código Penal, «el delito que nos ocupa castiga a quien se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores, a quien, con el mismo fin, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo iniciado o de previsible iniciación». Entre estas, destacan la generada por la denuncia de Jenni Hermoso, en la que ha sido acusado de agresión sexual y coacciones, así como el procedimiento judicial en el que se investigan sus supuestos negocios conjuntos con el exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué. En esta última denuncia, Azkarate considera que «de dichas causas penales, en su caso administrativas, se pueden derivar responsabilidades civiles muy importantes, lo que sin duda conoce Luis Rubiales y conocía en el momento de poner a la venta y finalmente vender el ático del que era propietario en la madrileña calle Ferraz», explica.
Como era de esperar, y así lo confirmaron desde el propio club de la Liga F nada más tomar tierra, la noticia enrareció aún más el ambiente en una plantilla que viajó en su totalidad a la capital vizcaína, precisamente para intentar cerrar filas y cumplir con lo que 17 de las 22 jugadoras se comprometieron en el comunicado que firmaron y fue difundido a través de la Asociación Española de Futbolistas (AFE): «En las últimas jornadas trabajaremos con la misma profesionalidad que hasta ahora para conseguir el objetivo que nos marcamos a principio de temporada». Tal y como desveló este diario, cuando en 2019 el ahora inhabilitado presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, decidió llevarse la Supercopa a Arabia Saudí, en un principio desde 2020 hasta 2025, aunque posteriormente amplió el acuerdo hasta 2029, firmó un contrato con Sela, la empresa pública saudí que organiza eventos deportivos, en la que se incluyeron cláusulas de penalización para el caso de que Madrid o Barça no se clasificaran para la final four.
Cabe recordar que el dimitido presidente de la RFEF tiene otras causas penales abiertas. El equipo de Xavi Hernández, que este sábado recibe al Villarreal, se encuentra a ocho y siete puntos de los dos primeros puestos de la Liga. Desde 2004, el campeón nacional ostenta el pase a la Liga de Campeones de la UEFA, y desde el segundo al quinto lugar se juega un play-off entre esos equipos para definir las plazas europeas. Por si fuera poco, en 2019 fue nombrado vicepresidente de la UEFA, cargo por el que cobraba cerca de 250.000 euros anuales. Sin embargo, a los pocos días de su dimisión, el inmueble apareció en los portales Idealista y Yaencontre por una cifra de 2.550.000 euros, medio millón por encima de la tasación hipotecaria que figuró en su día en los Supercopa Files y, según algunos medios, la venta se cerró en 2,5 millones. La campaña de entradas de acompañante puesta en marcha por los dirigentes azules, ha caído muy bien en el seno de la afición, hasta el punto de que apenas restan medio millar de localidades por ser retiradas antes de que se abra la venta al resto de seguidores. Esto inevitablemente provoca un conflicto desde el punto de vista de la integridad.
Tal y como denunció ella misma, a la entonces vicepresidenta de Integridad de la RFEF, Ana Muñoz, no solo le negaron la existencia de acuerdo alguno con Piqué a través del cual su empresa cobraría un total 24 millones de euros en comisiones, sino que además omitieron a la Junta Directiva el informe del Comité de Ética, el cual ponía objeciones a celebrar la Supercopa en Arabia por tratarse de una dictadura que pisotea los derechos de las mujeres, castiga la homosexualidad y aplica la pena de muerte, de ahí que el acuerdo solo sirva para blanquear su imagen. Ahora, en plena vorágine de polémicas arbitrales, especialmente tras los escándalos provocados por el VAR y mientras el caso Negreira sigue su curso, el hecho de que en el Comité Técnico de Árbitros (CTA), dependiente directamente de la RFEF, sepan lo que económicamente supone para esta que Real Madrid y FC Barcelona no estén en la Supercopa de Arabia supone aún más presión para un colectivo que, además de desunido, está cada vez más desprotegido. El pasado 26 de agosto, el Comité de Disciplina Deportiva de la FIFA suspendió por tres meses a Luis Rubiales.